Por supuesto que toda condena es apelable, lo cual es el derecho de todo procesado, pero mientras no sea cambiada, la prisión efectiva establecida ayer para el ex ministro aprista Aurelio Pastor constituye, por varias razones, un hecho histórico para la lucha sin fin contra la corrupción en el Perú. El ex ministro de Justicia recibió una condena de 56 meses de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargo público durante tres años, y el pago de una reparación de S/. 100 mil al ser encontrado culpable por el delito de tráfico de influencias. Esto fue denunciado por la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, quien enfrentaba una revocatoria, ante lo cual Pastor, de acuerdo con la conclusión del juez Jorge Barreto, le ofreció sus servicios para usar sus influencias con el fin de obtener un beneficio económico. Sin embargo, según lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal, la condena a Pastor se suspende hasta que sea ratificada por Sala Superior de Lima, la cual tiene un mes de plazo para ratificar el fallo. La sentencia a Pastor es histórica no solo por ser el primer funcionario aprista de alto nivel del segundo gobierno del presidente Alan García que es condenado, sino porque es la primera vez que un ministro de Estado iría a la cárcel por esa causa. Es, además, una sentencia particularmente oportuna en un momento como el actual, en el que se descubren, por aquí y por allá, la existencia de lobbies indebidos con el fin de facilitar decisiones del Estado a favor de intereses particulares. Pastor fue, además, el típico ministro bravucón al que se le subieron los humos con el cargo y que se comportaba con ese estilo que se corresponde con el dicho de ‘autoridad que no abusa, se desprestigia’. En este sentido, él no solo es el primer ex ministro condenado por tráfico de influencias, sino el único que tuvo que ser despedido del cargo por negarse a aceptarlo cuando lo ordenó el ex presidente García. Pero toda esa prepotencia de Pastor no tiene nada que ver con la condena que le acaban de fijar, sino, como señaló ayer el procurador anticorrupción Cristian Salas, con la solidez de las pruebas y testimonios. Y, paradojas de la vida, Pastor aún debe enfrentar, además, el proceso por los narcoindultos del período en el que era ministro de Justicia. Sentencias como estas ayudan a combatir la corrupción –una lacra antigua que perjudica profundamente el progreso y la calidad de vida de los peruanos más pobres– porque el factor que más incentiva a usar el Estado como chacra propia para el interés particular es la impunidad, y con estas condenas se le notifica a los truhanes que pululan por el sector público sobre lo que, eventualmente, podría pasarles. Augusto Álvarez Rodrich
