DÉJÀ VU FUJIMORISTA por Augusto Álvarez Rodrich

¿Por qué Alan García quiere liberar al Grupo Colina?

Los decretos legislativos sobre derechos humanos que acaba de promulgar el gobierno del presidente Alan García son una expresión de su escaso respeto a esta causa fundamental en una democracia verdadera y no simulada, y constituyen un retroceso hasta los peores momentos de la construcción de la plataforma de impunidad que diseñó el fujimontesinismo a mediados de los años noventa.

Estos decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097, promulgados el 1 de setiembre) establecen, entre otros asuntos, que solo se considera crimen de lesa humanidad a aquellos delitos que se cometieron después del año 2003.

Esto permitiría el archivamiento de los casos de violación de derechos humanos con el argumento de la prolongación de los procesos. El problema, sin embargo, es que dicha extensión exagerada de estos expedientes se debe, por un lado, a las maniobras realizadas por los abogados de los acusados de estos graves delitos; y, por el otro, a la complicidad del Ministerio de Defensa para no cooperar –como debiera– con las cortes.

Los beneficiados de estas normas son un amplio número de personas, incluyendo al elenco completo del Grupo Colina –Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Carlos Pichilingue, entre otros–, así como otros violadores comprobados de los derechos humanos como Telmo Hurtado. Varios de ellos ya están procesando, en este momento, sus expedientes de salida.

También se beneficiarían de esta norma los ya sentenciados Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos e, incluso, el actual presidente García. Como ha hecho notar el abogado del IDL Carlos Rivera, esta norma lograría el levantamiento de la condena a Fujimori pues llevaría a concluir que, legalmente, no sería un delito de lesa humanidad. Todo esto se parece a lo hecho por el fujimontesinismo con la ley de amnistía de 1995 debido a que busca excluir a los procesados por derechos humanos.

De este modo, luego de todo lo avanzado en materia de respeto a los derechos humanos –con mucha dificultad, debe reconocerse– desde el colapso del fujimontesinismo y durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, lo que está haciendo la administración actual del presidente García constituye un retroceso tan lamentable como inaceptable.

¿Por qué un gobierno de origen democrático se enloda en este pantano autocrático? Se puede especular con varias hipótesis vinculadas a otras medidas en marcha en este momento en el ámbito militar-policial, pero la más probable es la planteada por Fernando Rospigliosi el domingo en este diario sobre la comunión de ideas del presidente García con el enfoque básico fujimorista, lo cual explicaría la presencia, ayer y hoy, de los mismos promotores de estas acciones antidemocráticas, como el vicepresidente Luis Giampietri o el ministro Rafael Rey.